Telecomunicaciones
Asesoría jurídica para operadores de telecomunicaciones
Regulación, contratos y cumplimiento para OMV, ISP y operadores.
Asesoramiento legal recurrente para operadores de comunicaciones electrónicas: cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones, relación con la CNMC, contratos con clientes, mayoristas y proveedores, protección de datos y gestión legal de operadores virtuales y proyectos de marca blanca.
A quién va dirigido
- Operadores móviles virtuales (OMV) e ISP
- Operadores de fibra y servicios convergentes
- Empresas que comercializan servicios de telecomunicaciones con marca propia
Qué cubrimos
- Cumplimiento normativo y regulación sectorial (Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones)
- Expedientes y relación con la CNMC
- Redacción y revisión de contratos con clientes, mayoristas y proveedores
- Gestión legal de operadores virtuales y proyectos de marca blanca
- Protección de datos y comunicaciones comerciales
- Coordinación con el derecho digital y el mercantil de la empresa
Marca blanca y obligaciones del operador
Comercializar servicios con marca propia sobre la red o los servicios de un mayorista no siempre exige lo mismo: depende de quién presta el servicio frente al cliente final. Analizamos el contrato y el modelo para determinar si su empresa debe notificar su actividad al Registro de Operadores y qué obligaciones asume.
Preguntas frecuentes
¿Pueden revisar un contrato mayorista antes de firmarlo?
Sí. Revisamos condiciones económicas, niveles de servicio, responsabilidades, duración y salida, y su encaje con las obligaciones regulatorias del operador.
Consultar la regulación de mi operador
Cuéntenos su situación. Le indicaremos qué profesional habilitado se ocupa del asunto, el alcance del trabajo y el presupuesto, por escrito y antes de empezar.
Consultar la regulación de mi operadorFuentes y normativa consultadas
- Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones · consultada el 06/11/2026
- CNMC · Registro de operadores · consultada el 06/11/2026
Información general, no constituye asesoramiento para un caso concreto. La normativa y los criterios administrativos cambian: confirmamos los requisitos vigentes al estudiar su caso.